Propuestas para terminar con la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires

SEGURIDAD – JUSTICIA – VIVIENDA 

# impunidadCERO

 

Puede descargar el archivo aqui : Propuestas para terminar con la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires

Indice 
Introducción
I_ Situación actual
II_ Cifra negra del delito
III_Soluciones Propuestas
IV_ Los prófugos y la capacidad carcelaria
V_ La prisión preventiva y el condenado
VI_ Las políticas de prevención del delito.
VII_ Reparación social. Escuela de fabrica de viviendas. Prisiones Fabrica
 

 

 

 

Puntos a desarrollar:

  • Soluciones al incremento del delito
  • Refoma judicial – celeridad procesal
  • Investigación – policía judicial
  • Reinserción sociales – cumplimiento de condena
  • Trabajo obligatorio – Escuela de Fabrica de casas – Fabrica de casas
  • Reinciencia – prisión por tiempo indeterminado en delitos graves
  • Nuevas policías – desplazamiento del delito

 

 

I _ Introducción

Desde el año 2001 vengo estudiando la problemática de la inseguridad en la Argentina. Pero más allá de una cuestión nacional me detuve en un análisis específico sobre la situación de seguridad y vivienda en la Provincia de Buenos Aires, tan grande y densamente poblada como regiones enteras del país o países enteros como Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile, Bolivia por citar ejemplos geográficos.

Durante el periodo 2003-2015 he solicitado una decena de audiencias a quienes gobernaron la provincia en esos años, a los efectos de exponerle la situación y no solo llevar una queja al ejecutivo provincial sino llevar propuestas y soluciones.

Lamentablemente el silencio fue el protagonista de esos años mientras las víctimas de la impunidad crecían, dejándome la sensación que por parte del entonces titular del ejecutivo provincial había un claro desinterés por la solución del problema.

Más allá de lo acontecido, elaboré mi propio dictamen sobre la problemática del sistema, sus víctimas y sus respectivas recomendaciones basadas en políticas públicas para solucionarlas como así también propuestas y soluciones habitacionales definitivas.

Estas breves líneas son un análisis de un proyecto integral más amplio cuyo objeto es solucionar en forma definitiva la problemática de inseguridad, justicia y vivienda en la provincia, potenciando el empleo y la educación. Es por ello que la mencionada propuesta debe ser contemplada por los ministerios de Justicia, Seguridad, Desarrollo Social, Infraestructura, Trabajo, Educación y Economía.

 

La provincia de Buenos Aires cuenta casi con la misma estructura judicial de 1980 con un crecimiento estrepitoso del delito en la ultimas tres década en donde la “seguridad publica” no fue considerada una cuestión de estado . La cantidad de prófugos , causas que prescriben , delito no denunciado y un deficiente servicio penitenciario y patronato del liberados hacen que la resocialización del delincuente fracase en grandes porcentajes . Este hace que las salidas antes del cumplimiento de condena o incluso cumpliéndola en su totalidad el estado restituya individuos a la sociedad con un alto grado de probabilidades de reincidir en el delito.

El presente dictamen toma como premisa lo siguiente: “No hay solución a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires sin una reforma integral de la justicia, del sistema penitenciario y del patronato de liberados”.

 

 

 

 

  1. Capítulo I _ La situación actual

 

La palabra impunidad podemos definirla como falta de castigo, falta de justicia o falta de un ordenamiento jurídico efectivo referente a hechos u omisiones.

La construcción de la impunidad puede ser voluntaria mediante prácticas corruptas o involuntarias relacionadas con la negligencia, falta de medios o estructuras para llevar adelante un desarrollo investigativo.

El crecimiento de la densidad poblacional en la Provincia de Buenos Aires, especialmente en el primer cordón urbano, es un elemento fáctico fundamental a tener en cuenta a la hora de diseñar un estratégico esquema judicial para imprimir celeridad, eficiencia y una política de reinserción social adecuada para combatir no solamente el delito original sino la reincidencia, una de las problemáticas de más difícil tratamiento.

 

Actualmente los 19 departamentos judiciales que se encuentran activos en el territorio de la provincia (2 en adecuación) se ven desbordados ante el crecimiento poblacional / índice de criminalidad promedio. En la misma medida debemos destacar que las unidades fiscales de investigación –encargadas de la instrucción y supervisadas por los juzgados de garantías- remiten un cuello de botella en cuanto al tratamiento de la cantidad de casos que llegan día a día.   Es decir continuamos con una estructura judicial de hace 30 años para una población criminal en ascenso , mas violenta y sin codigos en grandes medidas por el uso de estupefacientes para cometer ilícitos.

Las problemáticas de falta de recursos para investigar todos los casos denunciados hacen priorizar desde ya los casos más graves como delitos contra la integridad sexual, secuestros, homicidios, venta de estupefacientes, robos a mano armada entre otros, haciendo sus funcionarios un importante esfuerzo para poder avanzar en todas las investigaciones.

Según el informe del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires durante el año 2015 en el fuero penal y correccional se iniciaron 719.728 investigaciones penales preparatorias de las cuales en 29.110 sus autores recibieron imputación. En referencia a los departamentos judiciales de La Matanza y San Martin, poseen el 28 % de los delitos investigados de toda la provincia. Pero si sumamos a los departamentos de Quilmes, San Isidro , Morón , La Plata y Lomas de Zamora (17,2% de los delitos de toda la Provincia)  –todos del conurbano bonaerense-, observamos que el 69,5 % de las investigaciones penales preparatorias ejecutadas durante el año 2015 se iniciaron en estos 5 departamentos judiciales.[1]

En el mismo sentido podemos observar que durante 2015 se iniciaron 26798 investigaciones en el fuero de responsabilidad penal juvenil en toda la provincia de Buenos Aires correspondiendo el 49.4% de las causas a los mencionados departamentos judiciales del conurbano.   En el año 2016 los delitos “denunciados” fueron 746952 .

En los departamentos judiciales enunciados viven unos 9.000.000 habitantes, siendo el mayor conglomerado urbano del país y también de la región.

           

Fuente: www.mpba.gov.ar

 

Vale destacar que en los mencionados departamentos judiciales habitan los sectores más vulnerables de la provincia haciendo esa situación de vulnerabilidad incrementar la cifra negra o delitos no denunciados a las autoridades, porque lamentablemente y como veremos más adelante, la cifra más de la “no denuncia “está integrada por los sectores más vulnerables de la población, es por ello que se recomienda instrumentar las medidas suficientes para acompañar a esos sectores en el proceso de denuncia e investigación a los efectos  de reducir los hechos “no denunciados”  .

 

Se estima según informes extraoficiales que la cifra de delitos no denunciados puede incrementar un 30% las estadísticas oficiales.

Si bien estamos muy lejos de las cifras de países en donde el índice de criminalidad es considerablemente más elevado, como por ejemplo México en donde 94 de cada 100 delitos no se denuncian, la situación en la Provincia de Buenos Aires, que ha venido incrementándose en los últimos 20  años no deja de ser un factor determinante para tener en cuenta en la lucha contra la criminalidad. Es decir la seguridad publica no ha sido una política de estado para quienes gobernaron la provincia de Buenos Aires en el pasado. La realidad es que han dejado una provincia con mas de 700000 delitos al año promedio y mas de 30.000 profugos  con un sistema judicial desfinanciado, en el mismo sentido el patronato de liberados y el servicio penitenciario.

En el mencionado país centroamericano en donde el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) reveló en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del delito realizada en todo el territorio mexicano que en dicho país la cifra negra asciende al 93.7 % y en referencia a los delitos denunciados, el 6.3%, y solo el 4.43 % llega a sentencias condenatorias.23

También debemos señalar que, en la Argentina el 52 % de los delitos cometidos en todo el país durante el 2015 pertenecen a la provincia de Buenos Aires, es decir según las estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en dicho período se configuraron en todo el país 1.545.375 delitos según el informe elaborado por la Subsecretaria de Política Criminal de dicho ministerio.4

Fuente: www.mpba.gov.ar

 

  1. II) Cifra negra del delito

Tipología de delitos no denunciados :

Algunas de las siguientes tipologías delictivas en las cuales la población omite radicar la denuncia respectiva son los siguientes:

  • Amenazas simples
  • Amenazas coactivas
  • Lesiones
  • Riña

 

2

 http://www.milenio.com/politica/delitos_no_se_castigan

impunidad_de_Mexicoimpunidad_en_mexicodelitos_impunes_0_676732475.html   

3

 http://www.milenio.com/policia/mexicanos_no_denuncian_delitos encuesta_victimizacionpercepcion_seguridadmilenio_0_818918311.html   

 

4 http://www.jus.gob.ar/media/3202706/Detenidos%20por%20Homicidios%20Dolosos.pdf   

 

  • Robo sin armas de bienes no registrables o documentación personal
  • Robo a mano armada de bienes no registrables o documentación personal
  • Extorsión
  • Delitos sexuales
  • Secuestros / secuestros exprés
  • Privaciones de la libertad
  • Hurto / arrebato de bienes no registrables o documentación personal
  • Conocimiento otros delitos sin victima directa
  • Delitos en donde el autor es un familiar, vecino allegado
  • Delitos informáticos o configurados a través de internet

 

(a nivel nacional el 39 % de los delitos han sido caratulados como robo/lesiones y solo el 3,8% ha recibido condena)

 

 

Por qué la población no denuncia ciertos delitos

Existen varios factores por los cuales la victima decide no radicar la correspondiente denuncia.

Dicho comportamiento puede ser totalmente diverso y aunque los sectores de menores recursos son los más afectados por la cifra negra, la problemática se extiende a todos los sectores de la sociedad.

El destacado jurista chileno Daniel Quinteros en su informe para la Subsecretaria de Prevención del Delito considera que “El nivel educacional alcanzado por las víctimas también pareciera ser un factor que discrimina entre la denuncia y la no denuncia, dado que aquellos que sólo alcanzaron educación media o básica e inferior, tienen niveles de no denuncia de 76,5% y 72,2%, a la vez que aquellos que alcanzaron la educación superior o post universitaria, presentan niveles de cifra negra inferiores al 69%. Esto sin duda tiene un correlato con el nivel socioeconómico de las víctimas”, dicha apreciación es a mi modo de ver lo que ocurre en nuestro país teniendo una gran proyección en la provincia de Buenos Aires destacando un crecimiento a partir del año  2001.[2]

A mi entender la no denuncia o vulgarmente mencionada como cifra negra del delito es uno de los grandes dilemas a resolver, ya que se trata de crímenes no denunciados y al no darles intervención al Poder Judicial es un camino seguro hacia la impunidad.

Si bien no existen estadísticas oficiales que establezcan la cifra negra del delito como sí de los delitos investigados y denunciados es menester determinar el problema y los factores de la no denuncia para luego arbitrar desde los poderes del estado las herramientas correspondientes para reducir y eliminar la no denuncia colocándolo en el marco investigativo correspondiente.

 

A mi entender las causales de la no denuncia son los siguientes:

  1. Temor a represalias por parte del autor

 

En muchos casos la víctima de un delito (en donde no haya intervenido de oficio el poder judicial o autoridad policial) se representa el temor potencial de represalias del autor hacia su persona y/o sus familiares. La situación principal en estos casos se da cuando el autor es conocido de la víctima o tiene conocimientos –por inteligencia previa- de sus movimientos. El tema a sufrir un delito mayor hace que la víctima se repliegue y omita radicar la correspondiente denuncia.

  1. Descreimiento en el procedimiento de justicia

 

Un procedimiento penal en la provincia de Buenos Aires no solamente puede extenderse en el tiempo de forma considerable sino las más de siete instancias en las que puede transitar un procesado o imputado hace que salvo delitos graves, como el homicida o delitos sexuales, pase la mayor parte del proceso en libertad incorporándose esa situación a las hipótesis mencionadas en el punto a). Sumado a ello el bajo porcentaje de condenas en relación a hechos denunciados (siempre sobre delitos menores) hace aumentar el descreimiento en el denunciante respecto a que la vía judicial resolverá un conflicto suscitado en el pasado.

La pérdida de tiempo que demanda el proceso y la posibilidad de que el delincuente tome represarías mayores en muchos casos lleva a la víctima a no denunciar.

  1. Desconfianza en autoridad policial o imposibilidad de radicar la denuncia

 

En muchos casos los mecanismos para radicar denuncias en sede policial hacen a la víctima sentirse victimario. La falta de humanización, contención y comprensión de los encargados de registrar la denuncia reportada crean en la victima una hipótesis convivencial en donde la información del denunciante puede ser transmitida al autor del delito en forma voluntaria o involuntaria, pero de todas formas la victima sin contar con las garantías suficientes para el resguardo de su integridad física y temor a que la información sea filtrada, en algunos casos decide no reportar el ilícito.

  1. Falta de conocimiento del procedimiento de denuncia

 

Hay muchos delitos como los que se configuran a través de internet, entre los que se encuentran, más de 48 tipos penales de nuestro ordenamiento penal, en donde la víctima no tiene conocimiento del procedimiento de denuncia como tampoco lo tienen muchas dependencias policiales.

Las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires se encuentran colapsadas de trabajo en materia de prevención y cuestiones administrativas lo que ralentizan y dificultan la toma de denuncias y su inmediato accionar para producir la prueba – que en muchos casos requiere inmediatez-. Es por ello, como se verá en el capítulo “soluciones propuestas”, que las denuncias directamente se efectúen en las respectivas fiscalías, quienes deben tener turnos permanentes para la recepción de denuncias y así descomprimir a los funcionarios policiales quienes deben tener como función esencial la prevención del delito.

En este punto debemos señalar que la falta de patrocinio letrado o la solicitud expresa de instar la acción penal como querellantes como así también solicitar a los investigadores la producción de ciertas pruebas hace que las personas con bajos recursos que se animan a radicar denuncias se vean en inferioridad de condiciones ya que por razones economícas se encuentran imposibilitados de contratar un abogado particular como querellante.

  1. Desestimación por propia voluntad de la gravedad del caso

 

Como ya se ha manifestado en los puntos anteriores en muchos casos la víctima se representa el daño sufrido y lo compara con el traumático paso por un proceso penal en donde la pérdida de tiempo y la baja posibilidad de identificación del autor y su posterior condena, lo lleva a la común expresión “para que voy a hacer la denuncia si total no pasa nada”.

La voluntad propia lleva a engrosar la lista negra de delitos no denunciados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Capítulo II. Soluciones propuestas:

 

Conforme a lo expuesto en el capítulo anterior es fundamental implementar una síntesis que contenga una propuesta integral a la problemática del delito en la provincia de Buenos Aires, es decir no debe tratarse de medidas aisladas, sino que no deje cabos sueltos en el proceso de prevención, juzgamiento, resocialización del delincuente y su inserción a la sociedad sin que este signifique un peligro. Es por ello que el eje seguridad-justicia-vivienda nos lleva a una política integradora estratégica que incluso trasciende las fronteras de la problemática de inseguridad y justicia específicamente incluyendo desarrollo social, trabajo, infraestructura, economía y educación.

Si bien es de destacar los esfuerzos y el excelente trabajo que viene realizando el ministro de seguridad en materia de prevención y lucha contra el delito, los efectos disuasivos del delincuente o la efectividad lograda en la aprensión de los mismos – muchos de ellos en flagrancia – hace que la problemática pase en forma inmediata a la segunda fase: la instancia judicial directa.

Llamamos instancia judicial directa a la etapa en donde la investigación avanza sobre posibles autores o ya tiene imputados determinados.

Las soluciones propuestas se dividen en tres partes: la primera referida a la celeridad y eficiencia de la justicia, la segunda dirigida a reducir la cifra de delitos no denunciados y la tercera que está orientada a la reinserción social estratégica del delincuente bajo el criterio que un delincuente no resocializado en su espíritu y convicción es un peligro para la sociedad.

 

Nueva estructura de justicia:

El problema actual está relacionado a la lentitud de la justicia por falta de recursos para la investigación, falta de personal profesional idóneo y un cúmulo de causas en determinados departamentos judiciales.

Es por ello que es fundamental iniciar una reforma judicial exhaustiva que permita celeridad procesal en la faz investigativa y en la etapa de juicio.

Como veremos a continuación uno de los temas fundamentales de la justicia de la provincia de Buenos Aires es la centralización de elementos para la investigación.

Si bien las UFIs tienen un papel esencial en la estructura judicial -principalmente en la etapa de investigación- la coordinación cuasi inmediata con los juzgados de garantías depende en muchos casos de una producción de prueba exitosa. Es por ello que dichas unidades deberían adquirir más autonomía en casos en donde la burocracia o falta de comunicación pueda poner en riesgo la producción de prueba.

Por lo expuesto el objeto de la presente propuesta no solo está orientado –sin vulnerar el derecho de censa en juicio y el debido proceso- a darle celeridad procesal a la investigación y a la producción de prueba sino también a atomizar las instancias de juzgamiento innecesarias que tienden a dilatar las sentencias definitivas.

 

Etapa de investigación: UFI – Juez de Garantías – Tribunal Superior de Garantías – Suprema Corte

Etapa de juicio: Primera Instancia + Juicio por Jurados – Tribunal de Apelaciones – Suprema Corte

Fiscal de Primera Instancia – Fiscal de Apelaciones

 

Etapa de condena: Juez de Ejecución Penal – Tribunal de Ejecución Penal – Fiscal de Ejecución Penal

 

Correccional:

Etapa de investigación:

UFI (unidad especial correccional) – Juez de Garantías en lo Correccional – Tribunal Correccional de Apelaciones – Corte Suprema –

Etapa de juicio: Tribunal Primera Instancia – Tribunal Correccional de Apelaciones – Suprema Corte

Fiscal Correccional 1ra Instancia – Fiscal Correccional de Apelaciones – Suprema Corte

Etapa de condena: Juez de Ejecución Correccional – Tribunal Correccional de Ejecución Penal.

 

UFI: Las unidades fiscales de investigación deben contar con una secretaria especial de asuntos correccionales y penales. También ante el incremento estrepitoso de delitos que se configuran a través de internet (48 tipos penales) es fundamental que cada UFI tenga una secretaria especializada en “delitos configurados a través de internet”, a los efectos con la precisión, especificidad y celeridad que la informática requiere.

El exitoso proceso en CABA donde el Ministerio Público de la Ciudad creó la primera fiscalía especializada en delitos informáticos del país (extendiéndola a tres), infiere la importancia de la especialización investigativa que avanza conforme a la revolución informática. Pero la realidad es que la velocidad con la que muta el delito o el modus operandi del delincuente, tanto desde la delincuencia común como en el crimen organizado, hace necesario que todas las Unidades Fiscales de Investigación tengan especialidad en el área. Es por ello que se propone una secretaria especializada en delitos configurables a través de medios informáticos en cada UFI de la Provincia de Buenos Aires.

 

 

Cuerpo de investigaciones judiciales de la provincia de Buenos Aires (Policia judicial):

Si bien la Policía Judicial de la Provincia de Buenos Aires forma parte de la estructura judicial de la provincia ha tenido mínima relevancia desde su creación por diferentes factores, pero en realidad este instituto es fundamental en la investigación.

Es por ello que tomando las bases de esa estructura es menester proponer la creación de un Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Provincia de Buenos Aires (CIJBA) con el mismo criterio utilizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – el CIJ – que es considerado como el cuerpo de investigaciones más profesional y capacitado de la región obteniendo resultados excelentes en el esclarecimiento de casos.

Un cuerpo de elite altamente capacitado y con tecnología de última generación que tome intervención en cada investigación bajo la órbita del Ministerio Público de la Provincia es indispensable para avanzar con independencia investigativa en los miles de casos que se presentan en la Provincia, logrando así dar un paso importantísimo en resultados positivos de cada investigación.

El CIJBA debe tener representación en cada departamento judicial y será el encargado de realizar todas las acciones en la etapa del proceso de investigación que ordene el titular de la respectiva UFI y que obviamente cuente con la aprobación del juez de garantías correspondiente.

Dicho cuerpo deberá contar con un sistema informatizado y con capacidad operativa las 24 horas y actuar en forma independiente del personal policial que solo tendrá habilitación para los casos de flagrancia. EL CIJBA dependerá directamente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires como lo hace el CIJ en la Ciudad de Buenos Aires.

Oficina de querellas: Cada departamento judicial deberá contar con una oficina de querellas integrada por abogados especialistas en derecho penal que actuarán en forma gratuita con las víctimas de bajos recursos a los efectos de instar la acción penal correspondiente, asistirlas durante el proceso judicial y constituirlas en querellantes. Dicha oficina será considerada como entidad autónoma del Ministerio Público y de la Defensoría General.

La estructura de justicia debe ser directa y sintáctica. Más allá de la propuesta de creación de nueva Unidades Fiscales de Investigación y nuevos departamentos judiciales en materia penal deben acortarse las instancias de juzgamiento en el sentido de que al implementarse el juicio por jurados el poder popular dota de legitimidad a la primera instancia judicial en el proceso de juzgamiento.

De esta forma nos encontramos con la primera instancia o instancia popular de juzgamiento al incorporar a un jurado al proceso y una segunda instancia a los efectos de dejar abierta las correspondientes apelaciones, estableciendo la última instancia provincial, la Suprema Corte Provincial y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si el caso es admitido.

A mi criterio es fundamental la tarea a desempeñar en la instrucción por las correspondientes UFIs de la provincia.  Para ello debe incorporarse a su estructura la figura de “coordinador fiscal en juicio”, que no es más que un representante de la UFI que investigó el caso a los efectos de colaborar en forma permanente con el fiscal de juicio en primera instancia.

De esta manera forma parte del proceso de juzgamiento un representante que vivió la investigación en pleno, fundamental para evitar errores u omisiones posteriores.

Con respecto a lo propuesto dividir las cámaras o tribunales que hoy son de apelaciones y garantías brindaría celeridad al proceso de investigación del delito y como así también al de juzgamiento ya que se trata de dos partes muy distintas del proceso penal y la especificad, el cumulo de causas en una misma cámara afecta in limine al proceso. En el mismo sentido a las instancias de delitos correccionales.

 

El objetivo de una nueva estructura es brindar celeridad y eficiencia al proceso penal tanto de investigación como de juzgamiento. Como así también integrar dentro del mencionado proceso a la víctima como parte de él. Se lograría de esta forma independizar a las fuerzas policiales de procedimientos en la etapa de investigación o diligencias preliminares para que estas se aboquen en forma directa a la prevención del delito o actúen en caso de flagrancia.

 

Este sistema lograría un incremento considerable de investigaciones finalizadas, evitando la prescripción de causas, pérdidas de elementos probatorias o medidas de pruebas deficientes -nulas en juicio- ya que estaría a cargo de un cuerpo especializado, el CIJBA.

En el marco judicial descomprimiría los procesos de apelaciones ya que, divididos en primera y segunda instancia, juzgados de garantías de primera y segunda, insta en las etapas de juicios. En el mismo sentido, al crearse las cámaras correccionales.

 

 

Segunda parte: Cómo reducir la cifra negra del delito o el delito no denunciado:

Recuperar la confianza en la institución es un punto fundamental en toda relación individuo-estado, esa confianza permite compartir lo más profundo del individuo haciéndole perder el miedo de no denunciar un hecho en el que ha sido víctima, también cuando son testigos o tienen conocimientos de hechos delictivos, cuestión que sería inmensamente colaborativa en la investigación.

Cambiar el concepto de justicia en la provincia de Buenos Aires después de décadas en donde el estado trató a las denuncias, en mayor medida, como una complicación o un estorbo que solo sirve para acumular causas con destino al archivo, no es tarea fácil.

Sin duda que cuando el estado esta del lado de la gente haciendo un frente común contra el delito recupera la confianza de la población en el sistema y eso  alimenta la hipótesis de recuperación de esa relación rota o de descreimiento entre el estado, el pueblo y la justicia misma como poder del estado.

El objetivo de los poderes del estado es que su pueblo confié en ellos, aunque no es fácil después de décadas en donde lamentablemente la desconfianza en el sistema ha sido una realidad. Pues vale aclarar que el termino desconfianza no está referido a malos funcionarios –que quizás sea solo una minoría- sino al sistema que requiere inexorablemente una actualización y modernización conforme a los tiempos que corren.

El objetivo del estado es que prime el concepto de justicia y para ello la demostración de confianza es una cuestión estratégica a aplicar. Debe dejar de ser popular la frase “para que denuncio si total no pasa nada”, “si los denuncio después vienen y me matan”, “entran por una puerta y salen por la otra” o “yo mejor no me meto a ver si me hacen algo a mí “. Este es el pensamiento inculcado a la mayoría de la sociedad por quienes gobernaron la provincia de Buenos Aires durante décadas, que dejaron a la justicia desfinanciada, desactualizada y con una estructura casi igual a la que tenía 20 años atrás sin tener en cuenta los cambios de las últimas décadas.

Pero estos cambios estraticos no podrían ni siquiera pensarse ni proponerse sin confianza en el gobierno provincial y hoy la gente confía el en gobierno y en la Señora Gobernadora, que demuestra a cada paso que trabaja firmemente por cada uno de los habitantes de la Provincia.

 

La denuncia:

Facilitar a la población el acceso a la radicación de la respectiva denuncia en sitios de contención y acompañamiento – especialmente en sectores de bajos recursos – es de los factores específicos para que la víctima no se sienta sola, se desprenda de los temores que la llevan a no denunciar y pueda así activar el mecanismo de justicia. El lugar, el medio, el cuándo y el como la víctima es tratada o recibida por los poderes del estado juega de principal aliado en la lucha contra impunidad.

Este proceso que podemos sindicar como “proceso de humanización de la denuncia” debe desarrollarse desde el ámbito preventivo mediante políticas de prevención, información y capacitación de la sociedad, el proceso de denuncia y el seguimiento de la causa para el caso que la víctima precise ser asistido por un abogado de la “oficinas de querellas gratuitas”.

Este proceso de denuncia debe formar parte del ministerio público fiscal e incluso cada unidad fiscal de investigación en forma directa, es decir deben contar con personal especializado para tomar la denuncia e incluso iniciar acciones probatorias en forma inmediata con la respectiva autorización del juez de garantías.

De esta forma, la denuncia continúa en línea directa dentro del poder judicial y el funcionario policial no ve interrumpida su función por actos concernientes a la justicia para solo dedicarse al área de prevención y flagrancia.

Por lo expuesto, a mi consideración que la víctima tome conocimiento de que quien le tomará la denuncia respectiva es personal dedicado y especializado para ese fin, no solo gana en confianza, sino que en un “ámbito especial y contenedor”.

En resumidas cuentas, el proceso de denuncia debe integrar los siguientes ítems:

  • Programas de capacitación. concientización e información sobre el procedimiento de cómo radicar una denuncia.
  • Procedimientos on line para radicar una denuncia anónima. Brindar datos URL con contenido delictivo a los efectos de colaborar con las autoridades”.
  • Notificación del estado de las causas durante el proceso.
  • Aplicación para celulares utilizada como botón de pánico para las víctimas del delito. Dicha app debe estar conectada en forma directa y preparada para actuar en forma inmediata mediante la geolocalización del dispositivo.
  • Creación de una fuerza o división especial (fuera del área de prevención de la policía de la provincia) para la asistencia a la víctima.

 

El proceso judicial: 

Para la víctima es fundamental refutar el principio popular de “lentitud de la justicia” o bien “la falta de resultados positivos de un proceso” por ello sentirse acompañada e informarse sobre los avances de la causa tal como lo mencionamos en los puntos anteriores, revitaliza el espíritu de confianza en denunciar un hecho delictivo como así también informar o reportar información de un hecho delictivo del que no es víctima.

Por lo tanto, sin ahondar en más detalles todo se resume en hacer sentir a la víctima que no está sola, es por eso que tanto el proceso informativo como la asistencia jurídica de la oficina de querellantes forma parte elemental del nuevo espíritu de justicia.

En resumidas cuentas, en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia, la sociedad tiene una tarea elemental para reducir la cifra negra o la no denuncia, mediante un camino conjunto entre los poderes del estado y la información que puede aportar la sociedad en su conjunto. Cuando la sintonía de todos los actores se afianza, el camino de la lucha contra impunidad es totalmente posible por tanto la lucha contra el delito puede ganarse.

Los ciudadanos son un gran aporte para esa lucha y hacerlos participar o colaborar es una herramienta estratégica en la lucha contra el delito.

 

Los departamentos judiciales:

Actualmente la estructura judicial de la provincia cuenta con 19 departamentos judiciales en funcionamiento. Como hemos expuesto en el capítulo primero el 53% de los delitos de la provincia de Buenos Aires se han cometido solo en el territorio de 5 departamentos judiciales y 49.4 % referentes a fuero penal juvenil, del que nos ocuparemos más adelante.

Conforme a ello debemos profundizar en la problemática en dos sentidos en el ámbito de densidad poblacional y/o delitos por habitante y en expansión territorial.

Estructura conforme a densidad poblacional:

La creación de los siguientes departamentos judiciales en materia penal y sus respectivas Unidades Fiscales de investigaciones son indispensables para avanzar en la lucha contra  la impunidad en la provincia de Buenos Aires:

 

  • Avellaneda
  • Esteban Echeverría- Ezeiza
  • Lanús
  • Almirante Brown
  • Lomas de Zamora (solo para el territorio de su municipio)
  • La Matanza 1 (Lomas del Mirador, Ramos Mejía, La Tablada, Villa Madero, Aldo Bonzi y Tapiales, San Justo y Villa Luzuriaga)
  • La Matanza 2 (Isidro Casanova, Rafael Castillo, Laferrere, González Catán)
  • La Matanza 3: Virrey del Pino y 20 de Julio
  • Merlo (Merlo + Ituzaingó)
  • Morón (Morón y Hurlingham)
  • Quilmes (territorio de Quilmes)
  • Berazategui
  • Florencio Varela
  • San Martin (localidad de San Martin)
  • Tres de febrero (territorio de 3 de febrero)
  • José C Paz (territorio de José C Paz)
  • San miguel (San Miguel y Malvinas Argentinas)
  • San isidro (San Isidro, Béccar, Acassuso, Martínez y Vicente López)
  • Boulogne (Boulogne, Villa Adelina y San Fernando)
  • Tigre (territorio de Tigre)
  • Pilar (territorio de Pilar)
  • Merlo (territorio de Merlo)

 

 

Estructura conforme al ámbito geográfico:

 

Como mencionaba en los puntos anteriores el 53% de las investigaciones iniciadas representan delitos configurados solo en 5 departamentos judiciales del conurbano bonaerense y es fundamental transformarlos en 23 nuevos departamentos judiciales con sus respectivas estructuras ( al igual que las UFIs) existen departamentos judiciales con menor densidad de población pero con una extensión territorial de gran magnitud es por ello que, si bien la problemática específica de la lucha contra el delito y el crímen organizado se encuentra en el primer, segundo y tercer cordón del conurbano, es menester destacar que para profundizar la excelencia de justicia se recomienda prestar atención específica en la extensión de algunos departamentos judiciales expresado en la siguiente división especial :

  • Puan: Puan, Villegas y Patagones (desprendimiento del depto. De B Blanca)
  • General Pueyrredón (desprendimiento de departamento de dolores)
  • Dolores

 

 

Para finalizar este capítulo debemos destacar la importancia de la diferencia entre los delitos rurales o en despoblado de los delitos cometidos en zonas urbanas. Los primeros tienen injerencia en localidades con poca población y los segundos en grandes conglomerados urbanos, aunque con efectos totalmente distintos. Es por ello que la creación de Unidades Fiscales de Investigación especializadas en delitos rurales que viene implantando la gestión del nuevo Procurador General de la Provincia es una decisión sumamente acertada para la lucha contra ese flagelo.

Profundizar esa política es un camino importantísimo para la reducción de los delitos rurales, como así también la investigación específica en la reducción de lo sustraído en zonas rurales que llevan directamente al mercado negro.

Es por ello que el acceso a puertos o rutas que interconectan con otras provincias deben ser controlados en forma simultánea como también los accesos aéreos para no dejarles a las asociaciones delictivas la mínima posibilidad para desplazarse. El blindaje de dicho acceso reducirá considerablemente el incremento delictivo y el desplazamiento del delito de una provincia a la otra como también la anulación de redes criminales especializadas en delitos federales.

 

 

 

  1. Nuevas Carceles . Los prófugos

 

Según estadísticas oficiales la Republica Argentina cuenta con unos 200.000 profugos (ver prof) correspondiendo a la provincia un porcentaje muy representativo , lo que explica en alguna medida el porque de muchos delitos. Delicuentes en la via publica significa que altas probabilidades de nuevos delitos contra inocentes.

(prof) https://www.argentina.gob.ar/noticias/los-profugos-que-nadie-busca

 

Otro dato de relevancia es que si se conforma un bloque de búsqueda de delincuentes peligrosos de la Provincia de Buenos Aires , el problema sería físico para el sistema penitenciario ya que no cuenta con las plazas suficientes para alojar mas internos .

 

Sumado a ello si implementamos el presente  proyecto lograríamos que muchos procesado obtengan condena ya que brindaría celeridad procesal , especificidad en la investigación y recolección de pruebas , daría como resultados mas condenas  y por ende seria indispensable mayor cantidad de plazas en las penitenciarias.

 

Es claro que la inversión en cárceles es una inversión que no se ve ni se siente en forma directa , pero la realidad es que hay que comprender que quienes debe permanecer en ellas son individuos que debe resocializarse porque en libertad pueden causa daño a personas inocentes  y el estado debe proteger a los inocentes y resocializar al delincuente. Es por ello mi postura firma en referencia a la condena por tiempo indeterminado del delincuente condenado por delitos graves hasta su real resocialización.

 

Por que crear mas cárceles :

 

  • Para no alojar a presos en comisarias ( no es función de lapo licia cuidar presos)
  • Porque un sistema judicial efectivo lograría sacar de la via publica delincuentes peligrosos que causan un gran daño a la sociedad
  • Porque la efectividad del bloque de búsqueda de prófugos requerirá mas espacios en el sistema penitenciario
  • Porque la acertada restricción de las salidas antes del cumplimiento de condena ocuparan plazas por mayor lapso de tiempo

 

Vale señalar que el grave problema de falta de espacios en el sistema penitenciario provincial deviene en la falta de inversión , mantenimiento y políticas publicas de resocialización de quienes dirigieron la provincia. Si hubieran invertido conforme al crecimiento carcelario en plazas , herramientas de resocialización y fundamentalmente en la búsqueda de prófugos que tiene la provincia  la situación de seguridad actual hubiera sido muy distinta y mucha gente podría haberse salvado de vivir hechos de violencia. Como asi también muchos delincuentes podrían haberse resocializado sin entrar en reincidencia.

 

La realidad es clara , lo números y las estadísticas son el claro exponente de errores del pasado que generaron un cumulo en la problemática del presente.

 

Bloque de búsqueda :

 

En la órbita del ministerio de seguridad de la Nación se creo en el año 2012 el sistema federal de comunicaciones policiales , en el cual cada provincia deberá remitir “en forma voluntaria” los prófugos de cada jurisdicción a los efectos de que la falta de comunicación sea en favor del libre desplazamiento del prófugo .  Lamentablemente -por motivos de los cuales no tengo información – muchas provincias no colaboraron aportado información por lo que el sistema no pudo ser lo suficientemente efectivo.

De hecho la provincia de Buenos Aires comenzó a informar recién en el año 2016 .

 

La creciacion de un bloque de búsqueda provincial de prófugos lograríamos que muchos delincuentes que hoy están en libertad y al margen de la justicia esten en las respectivas  instituciones penitenciarias .

En mi opinión , si logramos reducir la cantidad de delincuentes prófugos de la justicia el delito comenzara a reducirse en forma significatriva.

 

Carceles :

Se precisan en forma urgente un minimo de 25.000 plazas en el servicio penitenciario provincial – próximos 24 meses .  Dejando claro el criterio de que si no hay alojamiento encontraremos delincuentes en comisarias ( no preparadas para ese fin) , policías ocupados en custodiar y no en la fragrancia, delincuentes en libertad , etc

 

Como construirlas :  

 

  • Cárceles privadas
  • Con mano de obra de los internos
  • Sistematización cosntrunstructiva de alto rendimiento en desarrollo horizontal
  • Financiación internacional
  • Priones barrio – auto construcción ( para detenidos por delitos menores y buena conducta)

 

 

 

 

 

 

V _ La prisión preventiva y el condenado.

 

La prisión preventiva: El tratamiento del individuo durante su prisión preventiva no debe ser considerado como un castigo o como un proceso de reinserción ya que hasta no tener condena el procesado, según nuestra Constitución Nacional es inocente hasta que se demuestre lo contrario y su situación de privado de la libertad es meramente porque los investigadores consideran riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso.

En la actualidad confundir condenado con procesado y darle el mismo tratamiento por parte del sistema penitenciario no solamente es un error jurídico sino atenta en forma directa contra los derechos humanos ya que hasta su condena lleva la presunción de inocencia.

Sin bien el concepto de “nueva justicia” llevará a reducir los tiempos de prisión preventiva por el siempre hecho de la celeridad de justicia en el marco de la condena, el sujeto debe permanecer en dependencias especiales sin ningún tipo de vínculo con los condenados y en sitios seleccionados por tipo de proceso.

Es decir, el proceso no debe sufrir las instancias de un ya condenado porque se encuentra en una privación de la libertad en carácter preventivo. Para ello deben establecerse sitios especiales.

El condenado: La reinserción delictual en la provincia de Buenos Aires es uno de los principales problemas de la inseguridad en dicho territorio. Eso significa una falla del estado en el proceso de resocialización del condenado, tarea fundamental del servicio penitenciario provincial y del sistema de patronato de liberados.

Un sistema que en los últimos 50 años no ha hecho más que aumentar la tasa de reincidentes, debiendo replantearse toda su estructura ya que el delincuente que entra al SPP algún día sale en libertad y si su resocialización no es exitosa y no logra adaptarse a la sociedad se convierte nuevamente en un elemento del crimen potenciado por los vínculos criminales cosechados durante su estadía en prisión. Es decir, se incorpora un problema peligroso para la sociedad.

El costo de un interno para el presupuesto de la provincia de Buenos Aires insume aproximadamente unos $23.000 al mes considerando el sistema de salud, seguridad de los penales y alimentación de dichos internos. En materia económica también lograr la reducción de reinserción significa menor cantidad de internos a mediano plazo por lo tanto un ahorro cuantitativo para la provincia. [3]

 

Con respecto a este tema, la sociedad en su conjunto considera injusto afrontar ese gasto o solventar los costos alimenticios y de salud de quienes han delinquido y causado daños a terceros, pero en la condición de internado, es el estado quien tiene el deber de solventar dichas necesidades. Pero parte del proceso de resocialización es encauzar al delincuente, mostrarle una salida alternativa que le permita comenzar una nueva vida al finalizar su condena y salir en libertad.  Debemos comprender que la resocialización del delincuente no significa un premio sino una obligación del estado y prevención para la sociedad.

Pero para comenzar el desarrollo de este proceso debemos comprender que las situaciones edilicias y de hacinamiento del condenado no deben significar una doble condena o un agravante.

Dicha situación seguramente puede complicarse en el caso que se implementen los mecanismos aquí propuestos sobre “nueva justicia”, dándole celeridad a los procesos y obtenga mayor cantidad de condenados. Es decir, en la primera etapa se incrementaría la población carcelaria.

Por ello es fundamental iniciar el proceso de ampliación de la estructura penitenciaria conforme a un nuevo concepto de resocialización basado en el día después del cumplimiento de la condena, incluso el trabajo carcelario podría formar parte de la mano de obra necesaria para la aplicación y modernización de dichas dependencias.

En la actualidad – como ya lo había mencionado en algún pasaje del presente-, el convicto algún día sale en libertad y sin una resocialización adecuada y una contención específica para su vida en libertad se transforma en un problema para el estado y en un peligro para la sociedad porque las estadísticas sobre la reincidencia criminal hablan por sí solas.

Por lo expuesto para el correcto proceso de reinserción del interno hay que establecer un sitio especifico de detención y resocialización, es decir son necesarias más cárceles, más sitios de interacción y resocialización. Si bien este es un proceso que no representa resultados inmediatos en su totalidad desde su aplicación dichos resultados se verán en forma progresiva.

Para el desarrollo de este tipo de programas pueden implementarse en forma directa “cárceles privadas “, “cárceles público-privadas” o “cárceles públicas” ampliando en este último caso la capacidad y las herramientas para el desarrollo de la reinserción social. Lo importante es la velocidad en cuanto a la construcción de dichos edificios y la puesta en marcha de nuevos programas de resocialización.

La educación, la contención psicológica, la obligación al trabajo, de aprender un oficio u carrera laboral le permiten al interno tener una opción directa distinta al delito una vez que sale de prisión.

Pero el mientras tanto representan un cúmulo de problemas internos y externos a resolver para el condenado y por ende para el servicio penitenciario, debiendo destacar los importantísimos avances que viene desarrollando la provincia desde que comenzó la renovación del servicio penitenciario.

La situación de las familias del interno es una de los puntos a tener en cuenta, la falta de actividad laboral afecta de lleno a la economía familiar, es por ello que una de las materias más interesantes para resolver la cuestión es potenciar el empleo carcelario que permita en forma directa recomponer la economía familiar.

La denominada prisión-industria y prisión-escuela son elementos estructurales para el proceso de resocialización y resolver el afuera durante la etapa de condena.

La propuesta es centrada en prisiones con parques industriales y/o fabricas privadas o estatales que contraten bajo “regímenes especiales” a la población carcelaria a los efectos de que puedan recibir un salario que ayude a sus familias o bien que sirva como capital de ahorro en cuentas estado de congelamiento hasta el cumplimiento de su condena.

Más allá de lo expuesto el espíritu esencial de las prisiones industriales es que el interno puede tener continuidad laboral una vez cumplida su condena. De esta forma estaría resuelta – en parte- una de las problemáticas que tiene quien purgó condena que es encontrar empleo.

 

Unidades de Fabricación de Viviendas:

Desde los años 60, en la Argentina, viene creciendo el déficit habitacional en forma estrepitosa, especialmente en los sectores de menos recursos que por cuestiones económicas no puede acceder a la vivienda. Pero puede existir un nexo directo entre quienes tienen necesidad de vivienda y quienes purgan condena. Nos referimos al desarrollo de casas modulares mediante paneles tabulares. Dicho panel representa casi el 60 % de la construcción de una casa y pueden ser construidos en las prisiones-fabricas obteniendo para el estado el costo más bajo del mercado (ya que si se trata de una empresa social o cooperativa no representa ganancias) y representa una ayuda directa para la sociedad.

El beneficiario en este caso solo tendrá que aportar el terreno y pagar en cómodas cuotas el costo y el saldo pendiente a construir como instalaciones de luz gas, agua, el traslado de las estructuras y su instalación, aunque también podrán utilizarse tierra del estado para lleva adelante el desarrollo.

Por ejemplo, en un predio de 1000 hectáreas pueden construirse en lotes de 250 metros soluciones habitacionales de unos 80 m2 cada una para unas 2800 familias, en 10000 hectáreas la solución habitacional seria para más de 28.000 familias. Las instalaciones de estas casas modulares se estiman entre 90 y 180 días lo que podría representar una solución rápida y ágil al problema de la vivienda en la provincia de Buenos Aires.

La solución a la problemática de la vivienda instrumentada mediante la auto construcción y ciudades satélites lo veremos en un capítulo aparte, pero debe dejarse en claro que solucionar el déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires y dignificar las viviendas con servicios básicos es totalmente posible.

 

 

Puntos específicos del programa integral de resocialización:

  • Contención y ayuda a la familia del condenado
  • Programas de acceso al empleo a familiares directos del condenado
  • Sistema educativo en todos los niveles. Implementación de enseñanza de oficios con salida laboral inmediata que permitan la continuidad.
  • Ahorro en metros cuadrados para adquirir su vivienda producto del trabajo durante su condena.
  • Sistema integral de prevención y recuperación de la adicción.

 

Si bien alguno de los puntos enunciados son responsabilidad del patronato de liberados, el seguimiento del interno en libertad debe realizarse en forma exhaustiva para evitar una reincidencia. No es solo el hecho de presentarse una vez a la semana en demencia judicial, policial o en el penal para mantener el beneficio de libertad condicional sino el concepto de seguimiento y acompañamiento de reinserción directa es mucho más profundo. NO debe entenderse como una cuestión burocrática sino una cuestión de hechos determinados. Es decir, si un interno es beneficiado con la libertad condicional debe indicarse con lujo de detalles su lugar de habitación, un empleo fijo (que puede ser una continuidad laboral del empleo en prisión), o bien un oficio. En el mismo sentido para quienes recuperan la libertad por cumplimiento de condena.

En este último caso nos preguntamos ¿Qué ha hecho históricamente el Estado con estas personas?, la respuesta en la mayoría de los casos es dejarlos en el desamparo y eso significa en gran medida poner en riesgo a la población.

En la actualidad gran parte de los individuos retorna a la sociedad con bajas posibilidades de incorporarse a ese mundo por la auto exclusión o la exclusión directa de terceros. Es por ello que es allí en donde el estado debe estar presente brindándoles una alternativa laboral del modo ya ejemplificado ut supra entre otras variantes.

Esto no debe entenderse como un premio por haber delinquido sino todo lo contrario, el empleo y la educación debe ser entendido como una herramienta básica para que el delincuente elija un camino distinto al delito y deje de transformarse en un peligro para la sociedad.

Se trata de una primera y única oportunidad que le da la sociedad a través de los poderes del estado a quien cumplió una condena, en donde la sociedad en forma directa le indica el camino correcto y lo incluye.

El reincidente: el tratamiento al reincidente debe ser totalmente distinto aplicándose los más rigurosos criterios procesales y jurídicos. Es decir, se eliminan todo tipo de beneficios, aunque manteniendo la posibilidad de incorporarse a las prisiones-industria para generar ahorros o ayuda a familiares, siempre y cuando no represente un riesgo para la comunidad penitenciaria.

Por lo expuesto todos estos procesos que proponemos infieren de medidas inmediatas, mediatas y a largo plazo produciendo resultados exitosos en todas estas instancias.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Las políticas de prevención del delito. Estructura interna de la Policía provincial

 

Las realidades sociales, estructurales y geográficas en la Provincia de Buenos Aires son totalmente distintas de acuerdo a las diferentes localidades. Esas realidades no pueden estar en el mismo marco de un Plan de Seguridad Pública sino que cada región debe tener un plan conforme a su realidad. Tal como lo planteaba en la distribución de los departamentos judiciales la estructura de la policía de la provincia de Buenos Aires debe dividirse en 4 fuerzas autónomas, todas dependientes del ejecutivo provincial – Ministro de Seguridad:

  • Policía del Conurbano Norte
  • Policía del Conurbano Sur
  • Policía del Norte de la Provincia
  • Policía del Sur de la Provincia

El objetivo de crear 4 fuerzas con sus respectivos escalafones, estrategias, permite en cierta forma federalizar la provincia y su problemática. Es decir, transformarse en fuerzas con plenos conocimientos de la zona de acción. Los beneficios de esta división son los siguientes:

  • Mayor conocimiento y análisis de la zona de acción
  • Mayor control del ejecutivo provincial sobre las fuerzas
  • Descentralización y federalización operativa y administrativa
  • Mayor cercanía con la población en materia de prevención y flagrancia
  • Posibilidad de rendir cuentas en forma inmediata al comando central sobre los objetivos propuestos

La mayor cercanía de las diferentes policías con el vecino sería una herramienta vital para integrar las policías locales y comunales que representa un nexo directo con el intendente y eso le quita independencia operativa.


Estrategia de prevención del delito:

Teniendo en cuenta los tres modus operandi para configurar delitos: urbano, rural o informático.

Los dos primeros tienen un factor común muy importante que es el medio en el cual se transporta el delincuente. En la mayoría de los hechos delictivos graves, su autor/es se transportan en vehículos robados o propios. Neutralizar el poder de desplazamiento del delincuente es el punto más estratégico de acción materia de lucha contra el delito. Si las fuerzas de seguridad logran este objetivo el 50% de la lucha contra el delito estará resuelta.

Los operativos dobles cruzados para prevenir un posible escape y la geolocalización de los móviles en tiempo real, la autoridad de coordinación podrá ordenar en forma simultánea medidas para neutralizar al objetivo.

  • Accesos a los centros urbanos
  • Salidas y entradas a establecimientos de emergencia
  • Caminos y calles alternativas de escape.
  • Cada municipio debe ser considerado como una frontera en donde los controles deben estar siempre presentes para evitar el efecto desplazamiento del delito.

El objetivo del denominado Cerrojo permanente permite reducir el radio de acción del delincuente y así poder actuar con mayor efectividad. Este tipo de procedimiento se debe realizar en forma permanente y no esporádica. Debe tratarse de una política de Estado acorralar al delincuente y no dejarlo trasladarse.

En este sentido es importante la aplicación de medios tecnológicos de prevención:

  • Comunicación encriptada entre la fuerza
  • Mapa digital del delito
  • Mapa de geolocalización de los móviles en calle
  • App móvil para que la población reporte un hecho delictivo con geolocalización especifica.
  • Lectores de patentes para vehículos
  • Cámaras de seguridad con acceso del ministerio de seguridad o autoridad de prevención
  • Filmación integral de todos los procedimientos de identificación vehicular con reporte inmediato a la UFI correspondiente y a la unidad de coordinación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII_ Soluciones habitacionales – La Ciudad integrada

 

El hogar es considerado como el sustento material de la familia y que todas las familias accedan a un hogar digno es el deseo de toda persona de buena fe. A mi modo de ver no es lo mismo regalarle a quien precisa un techo, un ladrillo por semana para mantenerlo cautivo que darle herramientas para que pueda acceder a su casa y mantener su independencia de acción y pensamiento.

 

El déficit habitacional o viviendas no habitables es uno de los principales problemas que tiene la Argentina y que viene acumulando los últimos 50 años. La falta de vivienda o la precariedad del hábitat potencian unos de los puntos más sensibles de la sociedad y es por ello que buscar una solución definitiva a este flagelo podemos encontrarla en el eje trabajo-educación-producción.

EL mencionado eje representa a la educación para generar trabajo y así producir las propias necesidades familiares sin depender de terceros con políticas en donde la necesidad es una variable determinante. Luego de diciembre de 2015 se ha terminado la política de la necesidad y comenzó un eje productivo y autosustentable. Es decir, se cambió la dependencia permanente del individuo a quien se le daba un ladrillo por semana, a darle las herramientas para que se construya una casa y obtenga el oficio y los conocimientos para sumarse al motor productivo del país, la construcción.

Para una correcta compresión de la propuesta desarrollaremos tres puntos:

  • Educación y autoconstrucción de viviendas. Predios privados y públicos
  • Barrios integrados y ciudades satélites. Medios de locomoción y desarrollo 3)   Fábricas de viviendas. Financiación y desarrollo

 

1 ) Educación y auto construcción de viviendas

Conforme a lo descripto sobre las fábricas de viviendas en las “prisiones industrias”, el oficio y la capacitación para la auto construcción de viviendas es una de las herramientas más trascendentales para trabajar contra la gran asignatura pendiente sobre políticas de viviendas.

Las viviendas modulares pueden desarrollarse en fábricas especificas o montar estas en sitios de desarrollo con el objetivo de realizar construcciones en escala y abaratar costos. Lo importante en este caso es que la población aprenda el oficio para construir su casa, la conozca desde sus cimientos, para luego adquirir la construcción como propia y colaborar en otras etapas de urbanizaciones logrando salida laboral directa.

La vivienda modular de buena calidad tiene sus paredes, techos, piso y divisiones internas de material termogénico aislante que permite mantener una buena temperatura tanto en invierno como en verano. Esto significa que la diferencia entre una vivienda modular de calidad a una de mala calidad no supera un 10% y desarrollándolos en escala in situ el valor puede ser considerablemente más bajo.

Por ejemplo, para una vivienda de 2 dormitorios podría estimarse costo estimado de U$S 40.000–, considerando que quienes se encuentran en la línea del déficit habitacional no pueden abonar semejante suma en forma directa, los mismos podrán abonar con horas de trabajo o en planes de financiación a largo plazo, permitiendo así acceder a la vivienda en forma directa sin sobresaltos financieros. 7

Si consideramos que el promedio de tiempo de construcción demandara entre 90 y 180 días, un trabajador en un año podría construir su propia casa y colaborar en la construcción de 3 casas más durante el mismo año. De esta manera se lograr ofrecer a la población casa y empleo. Es decir, una vez que aprendió el oficio y colabora en la construcción de su propia vivienda pueda abonarla en cuotas financiadas o bien en metros cuadrados en la construcción de otras viviendas.

Enseñanza de oficios:

El rubro de la construcción representa una multiplicidad de oficios, todos necesarios para la edificación de una vivienda, es por ello que la capacitación y el trabajo en equipo de las personas que se incorporan al programa es fundamental para lograr el éxito. Pero más allá de ello durante el proceso de enseñanza la mano de obra es una necesidad real por lo tanto el trabajador comienza a desarrollar sus actividades desde el minuto cero.

Podemos establecer tres etapas de enseñanza:

  • Básicos: construcción de módulos para pisos, techos, paredes y divisiones internas

 

 https://www.youtube.com/watch?v=vmD31MuyfBc   

https://www.youtube.com/watch?v=fBLIxO4022k   

 

  • Medios: montaje de las estructuras modulares y pintura
  • Avanzados: Plomería y electricidad

Desarrollo sustentable: la instalación de mecanismo de reciclaje de agua de lluvia y paneles solares no solo permiten un categórico ahorro en energías no renovables sino también en cuestiones económicas.

 

Posibilidades de desarrollo:

  • En terrenos propios del interesado
  • Sobre viviendas deterioradas
  • En terrenos contiguos a urbanizaciones o barrios
  • en Nuevas Ciudades satélite

2) Barrios ingresados y Ciudades satélite:

Ciudad satélite es una ciudad que se ubica en los alrededores de otra más grande o cerca de un centro industrial. Es una urbanización estratégicamente pensada y desarrollada no solo para cubrir déficit habitacional de regiones cercanas sino también para cambiar la calidad de vida de los habitantes. En el desarrollo de este tipo de proyecto se tiene presente la capacidad máxima de promedio de habitantes, los centros de salud, medios de locomoción, transporte, las vías comerciales, centros de seguridad, bomberos, amplias avenidas y espacios verdes. Una vivienda social o una vivienda para cubrir el déficit habitacional no debe bajo ningún concepto asimilarse con mala calidad o hacinamiento sino todo lo contrario. Con un desarrollo estratégico de viviendas para sectores necesitados debemos hacer que el adquirente dé un paso más e ingrese a una vivienda de calidad con un hábitat confortable logrando que ese paso sea determinante para agrandar la clase media Argentina.

Pensar una Ciudad o un barrio desde el punto cero puede brindar a los futuros habitantes una calidad mucho mejor que en los barrios actuales.

Que debe aportar el estado para el desarrollo de las ciudades satélite:

  • Aportar la tierra en donde se va desarrollar el emprendimiento – redes de energía, cloacas (puede remplazarse por mecanismo modernos autosustentables)
  • Redes de agua potable.
  • Trazado de calles y reservas naturales
  • Subdividir en lotes para luego escriturar e hipotecar.

La inversión inicial de predio es importante, pero también puede tratarse de inmuebles pertenecientes al Estado. En todos los casos se implementará un plan de financiación del lote independiente de las horas/trabajo que el adquirente abonará por su vivienda.

Lo importante en todos los casos es brindar medios de locomoción a los efectos que las familias puedan acceder fácilmente a sus empleos a las grandes urbes. Aunque no debe descartarse el desarrollo de actividades laborales en la zona.

Pensar en futuro es pensar en el desarrollo de nuevas ciudades o barrios satélites a las grandes urbes con buena prestación de servicios y medios de locomoción estratégicos.

En algunos países, las ciudades satélites como en Alemania se han diagramado próximas a polos industriales y/o comerciales.

Por lo expuesto debemos aclarar que no nos estamos refiriendo a los clásicos barrios privados sino a viviendas de clase media abiertos, pero para habitantes de clases bajas con necesidades de vivienda, de esta forma con esta herramienta que permitiría el acceso a la vivienda, estaríamos incorporando todos los días nuevas familias a la clase media, motor productivo de la argentina.[4]  

 

Etapas y módulos de proyecto

  • Conformación de una unidad ejecutora del proyecto.
  • Capacitación y educación
  • Montaje de fábricas de módulos de vivienda
  • Trabajo y desarrollo de dicha actividad rentada
  • Producción de viviendas en escala
  • Colaboración y coordinación de los municipios
  • Conformación de unidades ejecutoras locales.
  • Financiación de etapas con créditos reembolsables.

Para finalizar, es muy importante comprender que de este proceso propuesto basado en el eje educación-trabajo-producción puede lograrse avanzar rápidamente en cubrir el déficit habitacional de familias de bajos recursos como así también de darles mediante la capacitación de un oficio determinado para que puedan continuar su camino laboral mediante bolsas de trabajo que serán sumamente necesarias dado que en nuestro país  comienza una etapa de gran crecimiento.

PD: Puede iniciarse una etapa experimental de pocas unidades para demostrar resultados, a los efectos de profundizar un desarrollo más amplio en el futuro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qsHoN4ih1UQ   

https://www.youtube.com/watch?v=qF0FchBwpB8   

 

 

 

 

 

 

Referencias del autor

Diego Fernando Migliorisi

Abogado Tom 108 folio 914 CPACF

Corredor inmobiliario Cucicba 263

 

Especialidades: Seguridad pública – derecho informático derecho penal y derecho inmobiliario

Soluciones habitacionales – desarrollos urbanos y rurales – confección de proyectos normativos, leyes y programas de integrales de gestión. Investigador y analista de cuestiones de geopolítica.

 

Actividad laboral:

 

Migliorisi Abogados: director .2009 a la fecha

Migliorisi propiedades: socio gerente 1997- a la fecha

Asociación Argentina de Lucha Contra el Cibercrimen: vicepresidente: 2014 a la fecha

Comisión de iniciativas Parma etarias de la CIA: presidente 3/20017 a la fecha

Grupo propuestas contra la Impunidad: Coordinador de Proyectos: 2/2017 a la fecha

Coordinador de iniciativas Parlamentarias en Cámara Inmobiliaria Argentina 3/3 a la fecha

 

Asociaciones que integra:

 

 

Federación Interamericana de Abogados (FIA)

Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP)

Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP), Latin American Studies Association (lasa).

International Technology Law Association (ItechLaw) American Society of Comparative Law.

Cámara Inmobiliaria Argentina

Colegio Profesional inmobiliario

Association of Realtor (NAR)

 

Obras:

Crímenes en la Web, los delitos del siglo XXI

Políticas para una nación Independiente

Internet profunda, anónima y censura en internet

40 naciones, derecho penal del mundo (En proceso)

 

Próximas:

Corrupción on line

Ciberbullying

 

Congresos y conferencias:

 

Informática y delito – 2014 Universidad de Buenos Aires

Congreso Internacional de derecho informático – 2015 Montevideo Uruguay

Congreso Internacional de derecho informático – 2016 Montevideo Uruguay

World technology law (ITECHLAW) 2014 – New York

Acceso a la información pública y ciberdelincuencia – 2017 Casa Rosada

Jornadas de capacitación a fuerzas de seguridad Cibercrimen – 2017 Provincia de Jujuy

 

 

Pd: el autor de presente ha presentado mas de 30 proyectos a diferentes diputados nacionales y se dedica a asesorar/asistir en forma gratuita a victimas del delito en todo el país.

[1] https://www.mpba.gov.ar/files/content/IPP%20Totales%202015.pdf   

 

[2] http://www.scielo.cl/pdf/politcrim/v9n18/art12.pdf   

[3] https://www.clarin.com/zona/mes-preso-cuesta-pesos_0_r1EUmHdqDml.html

 

[4] https://www.youtube.com/watch?v=zvWpS_inpI https://www.youtube.com/watch?v=kI18FAJ3uk